( de febrero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde hace cuatro años, en Guerrero, las fosas clandestinas van en aumento. Esto durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores. Las cifras presentadas en el informe del Gobierno Federal, dado a conocer por el subsecretario de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, indican que pasaron de 113 casos en 2016 a 331, en 2019.

Es así como el estado se convierte en el cuarto lugar en cuando a hallazgos de fosas clandestinas encontradas, de acuerdo a dicho informe.

Pero la problemática es mayor cuando, de acuerdo al mismo informe, Guerrero también es uno de los diez estados del país, con mayor número de personas desparecidas. En aquella región, existe dos mil 938 casos de desaparición forzada. 

De acuerdo al informe Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México, realizado por International Crisis Group y en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en Guerrero, han desdibujado los límites entre la política, el Estado y el crimen. 

“Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”. 

El documento indica que, durante su gobierno, Enrique Peña Nieto no admitió que el país se enfrentaba a una crisis de confianza. 

“A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones”, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional”, se dio a conocer.

También se hizo hincapié en que, las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial, a 2015. 

International Crisis Group ha señalado que la tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. 

Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015, documentado por Revolución TRESPUNTOCERO, de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, “meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”, se informó.

Recientemente, más de 20 familias de personas desaparecidas de varios municipios de la Montaña de Guerrero se reunieron en la ciudad de Tlapa de Comonfort con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana y Beatriz Affonso, representante en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Misael Rojas, en representación del Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

En el marco de la tercera jornada de búsqueda, los familiares manifestaron la necesidad de conjuntar los esfuerzos con la Fiscalía General del Estado para impulsar las investigaciones con la Comisión Nacional de Búsqueda y de esta forma establecer rutas de trabajo más precisa que permita que den con el paradero de sus seres queridos.

Las búsquedas de las y los desaparecidos en la Montaña es importante para poder identificar el patrón de la macrocriminalidad, así como los avances en las investigaciones. No obstante, otro elemento fundamental es la rápida identificación de los restos humanos que se han encontrado en Tlapa para que las familias puedan tener respuestas a su dolor e inicien sus procesos de duelo. En un contexto de violencia no puede ponerse en riesgo ni criminalizar a las víctimas de desaparición. Las familias que hoy se han organizado habían sido silenciadas e ignoradas durante años por autoridades indolentes ante sus exigencias.

La impunidad y la complicidad entre los grupos de la delincuencia organizada y las autoridades ha sido una tragedia. Las familias nunca se habían imaginado que la delincuencia organizado utilizaría  máquinas para enterrar a cuerpos humanos para silenciar a las personas ávidas de justicia, así como Arnulfo Cerón Soriano, que con su desaparición y muerte, llamó a otras familias han romper el muro de la impunidad.

En esta búsqueda participarán miembros de la Guardia Nacional, policía científica, elementos del 39vo batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía del Estado de Guerrero. Las acciones de búsqueda de esta tercera jornada se realizarán del 3 al 7 de febrero en 16 puntos de la región, incluyendo algunos puntos de la región de Tlapa.

En conferencia de prensa Karla Quintana reiteró el compromiso del gobierno federal a seguir con las búsquedas de personas desaparecidas, especialmente en Tlapa. “En esta tercera búsqueda nos vamos a coordinar con las familias, organizaciones de la sociedad civil.» La Comisionada reconoció a las familias por su valor por denunciar en un país que implica un riesgo. “Sabemos que hay miedo, pero dar un paso a hacer público es un paso muy importante y queremos que sepan que cuentan con nosotros”.

Por su parte, Beatriz Affonso agradeció a los familiares su fuerza y el coraje de buscar a sus familiares. Indicó que el Estado mexicano debe avanzar en las investigaciones para la no repetición, estando entre los elementos fundamentales la búsqueda, investigación y justicia desde los estándares internacionales”.

Concluyeron dos familiares que integran el Colectivo Luciérnaga, “para mí hoy hay una luz en la oscuridad para que se haga justicia y saber dónde están nuestros familiares”. “Sentimos que ahora sí llegó la esperanza para seguir en la búsqueda. 

Este es un mensaje para todas las familias que tenemos miedo, que a veces nos callamos y que no queremos hablar, miedo a que se repita la historia, pero si uno no alza la voz o no tiene hambre de justicia nunca vamos a tener un pueblo libre”, de acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.


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Alfredo Acosta