(23 de marzo, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2013, en Nuevo León, miembros de la Marina detuvieron el vehículo de Armando Humberto del Bosque Villarreal y lo subieron por la fuerza a una camioneta de la secretaría, delante de múltiples testigos, incluido el padre de del Bosque. Durante semanas, los oficiales de la Marina negaron los hechos y proporcionaron información contradictoria al padre de la víctima.

El cuerpo de Armando del Bosque fue encontrado el 3 de octubre de aquel año. En marzo de 2016, Amnistía Internacional informó que cinco marinos habían sido detenidos por el delito de desaparición forzada en relación con el caso, de acuerdo con una publicación de Revolución TRESPUNTOCERO.

Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”, el cual constató el patrón de desapariciones, incluyendo desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad, y resaltó las acciones que el gobierno debe tomar para encontrar a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. “Hasta el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de esta crisis de derechos humanos”, señaló AI al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto.

Recientemente, en marzo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dio a conocer que, un juez condenó a 22 años de prisión a un capitán y cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal.

El Comité también dio a conocer que los cinco condenados por este caso son el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, y los marinos, Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes recibieron la sentencia condenatoria el 28 de febrero.

Open Society Foundations, aseveró que las denuncias ante la CNDH con respecto a ejecuciones extrajudiciales, privación de la vida, y violación del derecho a la vida se incrementaron significativamente a partir de 2007. Los mismos empezaron a disminuir de nuevo después de 2011, aunque volvieron a aumentar entre 2014 y 2015. En total, ha habido 331 de este tipo de denuncias entre principios de 2007 y el final de 2015.

“La administración de Peña Nieto continuó con la estrategia de militarizar, al mantener una significativa adjudicación de los recursos a las fuerzas federales y al ampliar aún más la Policía Federal, incluso mediante la creación de una Gendarmería fuertemente armada e implementando las estrategias de seguridad que implican el despliegue de dichas fuerzas a áreas donde existen altos niveles de violencia relacionada con el tráfico de drogas”, señaló en un informe.

Como ejemplo, a fines de 2014, la administración encabezada por Peña Nieto desplegó el “Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente”, enviando a 2000 oficiales federales del Ejército, Policía Federal, Marina, la PGR y los servicios de inteligencia (CISEN) a fin de retomar 36 municipios del control del crimen organizado en los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México.

La CNDH documentó y atribuyó 97 asesinatos, a agentes del gobierno federal en 58 incidentes diferentes, los cuales ocurrieron entre principios de 2007 y el final de 2015. 

En 2011, un informe de Human Rights Watch (HRW) documentó 24 casos en los cuales las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, un término que utiliza para incluir “no solo casos de ejecuciones ilícitas deliberadas sino también las muertes que son resultado del uso excesivo de la fuerza”.

Raymundo Ramos, señaló que la sentencia también exige la indemnización por 306 mil pesos, la inhabilitación por 10 años para que no ejerzan un cargo público, y la Secretaría de Marina deberá ofrecer una disculpa pública.

También se pidió al gobierno de Nuevo León, la construcción de un monumento o nombrar una calle, a manera de preservar la memoria de la joven víctima del abuso de autoridad, por todo esto, Ramos exigió a las autoridades “acatar la orden de inmediato”.

“Esta sentencia es muy importante porque hubo mucho sufrimiento, mucha opresión de la autoridad hacia Derechos Humanos, hacia el Ministerio Público y hacia el poblado en general de Colombia, porque cuando uno denuncia a la Marina en sus terrenos, ellos tienen el poder del Estado y pueden hacer con nosotros lo que ellos quieran”, expresó el abogado.

El padre de la víctima, aseguró: “yo acompañé a mi hijo a presentar la denuncia, porque lo estaban amenazando personas de la delincuencia organizada y en consecuencia sucedió lo demás.

“A mí nadie me platicó que fue la Marina que se lo llevó, yo lo vi a metros de distancia cuando se lo llevan detenido, después fui a buscarlo y me dijeron que ellos nunca lo detuvieron”.

En 2016, Open Society Foundations, dio a conocer que los datos sobre los delitos y la justicia en México, destacaron por su precariedad y poca fiabilidad, y “existe un sesgo hacia la infraestimación de la magnitud y la gravedad de las atrocidades. Sin embargo, incluso con base en los datos parciales disponibles, resulta indudable que las atrocidades son un fenómeno generalizado en México”.

Los asesinatos reportados en México comenzaron a aumentar en 2007 cuando se instrumentó la nueva estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado. De 2007 a 2010, México fue el país con la mayor la tasa de crecimiento en homicidios dolosos.

“La cifra anual de homicidios dolosos alcanzó un pico en 2011 al situarse en 22,852, antes de retroceder ligeramente a unos niveles todavía muy superiores a los observados antes de 2006.

“Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México. La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”.

En todo caso, señaló la organización, las estadísticas oficiales sobre los asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones, incluyendo migrantes, siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas.

Por otra parte, el juzgamiento de asesinatos es poco común; entre principios de 2007 hasta 2012 solo se produjeron condenas en aproximadamente uno de cada diez casos de homicidio. Los fiscales federales formularon acusaciones en solo el 16 por ciento de las investigaciones por homicidios que abrieron entre 2009 y julio de 2015.

En ese mismo 2016, la organización internacional señaló que: nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de 2006. La cifra de 26,000 citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno de personas desaparecidas.

“El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006, alcanzando un máximo anual de 5194 desapariciones en 2014”.


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Alfredo Acosta