(28 de octubre, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- La conformación de una alianza entre 10 gobernadores de oposición, que buscan romper el pacto fiscal, ha desatado diversas reacciones, por lo que es importante esclarecer cuáles serían las consecuencias económicas reales tanto en el país como en esas entidades, en caso de separarse fiscalmente de la República.
“La Alianza Federalista, hay que entenderla como una minoria de gobernadores: son 10 de los 32 gobernadores; hay 22 gobernadores colaborando estrechamente con la federación en un tiempo donde tenemos una crisis sanitaria y una crisis económica que no debería estar teniendo además complicaciones con el pacto fiscal”, explicó el economista docente y especialista en Política Pública, Mario Campa, en entrevista telefónica para Revolución TRESPUNTOCERO.
Este tipo de discusiones, a su consideración, deberían plantearse después del proceso electoral de 2021, en el segundo periodo ordinario de sesiones del año; o en 2022, cuando justamente se debata el tema de presupuestos, por lo que resulta evidente que la intención de estos mandatarios locales tiene fines políticos y electorales, más que fiscales o económicos.
Campa subrayó que los gobernadores deben revisar bien sus cuentas, pues “si se rompe el pacto fiscal tendrían que regresarle, por así decirlo, bastante dinero a la federación; sus presupuestos quedarían debiéndole a la federación”.
“Además de eso, habría que revisar los programas sociales, las transferencias que en este momento salen de la federación, porque están en el pacto fiscal”, señaló.
En el caso de Jalisco, hay que considerar que su aporte a la federación es de apenas el 3.1 por ciento de los ingresos tributarios, “es decir, los que salen de los impuestos: IVA, ISR, IEPS, principalmente”.
Por lo tanto, al tomar en cuenta que 92 de cada 100 pesos del presupuesto jalisciense son de origen federal, la entidad gobernada por Enrique Alfaro no alcanzaría a cubrir lo que la federación le devuelve, por un lado, mediante las “participaciones” (recursos de libre disposición); y por otro, a través de las “aportaciones” (recursos etiquetados).
“Habría que agregar, además, que hay gasto federalizado en Jalisco; por ejemplo, lo que gasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mantener algunas de sus carreteras o ampliarlas, y así podríamos ir secretaría por secretaría. El gasto federalizado en Jalisco, independientemente de su presupuesto, son bastantes miles de millones de pesos”, puntualizó Campa.
En este sentido, si el pueblo de Jalisco decidiera apoyar la cruzada separatista de Alfaro, para romper el pacto fiscal, “seguramente vendría un periodo en que el gobernador tendría que anunciar recortes, o deuda adicional, o nuevos impuestos para paliar ese vacío que se quedaría en sus finanzas públicas”, agregó el economista.
Otro elemento preocupante es que muchas de estas entidades se encuentran bastante endeudadas y dicha deuda con la banca privada está respaldada por las participaciones de la federación, ya que estas son muy estables.
“Nunca se ha incumplido un solo pago de la federación a los estados en participaciones mensuales y de ahí es que pueden obtener mejores condiciones para su deuda, si se salen de este pacto seguramente tendrían que renegociar su deuda y los bancos ya no les darían a la tasa preferencial de la federación, que es más baja; tendrían que ajustar a la alta, (replantear) las condiciones de financiamiento y seguramente terminarían pagando más intereses”, detalló.
Aunado a lo anterior, está la incertidumbre que se generaría en las empresas de estos 10 estados. “Algunas quizá se saldrían porque, probablemente para paliar los recursos que no llegaran de la federación, tendrían que subir impuestos; entonces algunas empresas quizá optarían por salirse de esas entidades y consolidarlas en otra”.
Finalmente, Campa advirtió que, en efecto, se les regresa a la mayoría de estos estados más de lo que ellos aportan, sobre todo gracias a los recursos que genera la gran actividad económica de la Ciudad de México y los ingresos portuarios, aduaneros y/o petroleros de otras entidades. “Entonces, en gran parte creo yo que es un tema político, no necesariamente fiscal”
