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Soldados ejecutan a Carlos, la bala entró por su nariz y le destrozó el cerebro; “mi esposo era carpintero, nunca tuvo un arma en sus manos, salió negativo a plomo pese a ser acusado de disparar primero”

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(18 de septiembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Entre las nueve y diez de la noche, en un puesto de control militar provisional, elementos del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Humberto Mendoza de los Santos. “Le dispararon en el rostro. La bala entró por su nariz y le destrozó todo el cerebro. Así le arrebataron la vida, cobardemente y sin motivo alguno”, afirmó Lidia Jiménez, su esposa. 

El 16 de mayo pasado, a las seis de la tarde, Carlos, de oficio carpintero, salió de su domicilio en Palenque, Chiapas, hacia Villahermosa. Hizo una escala en la ranchería Celia González de Rovirosa, en Macuspana. Se detuvo a conseguir un presupuesto para el mantenimiento de unas puertas.

“Llegó la noche y comencé a marcarle a su teléfono, pero me enviaba al buzón. Insistí mucho y ni así me regresaba la llamada. Fue hasta las once de la noche cuando me avisaron que vieron su carro a la orilla de la carretera, rodeado por militares.

“Mis familiares me acompañaron a esa zona y cuando llegué vi el vehículo estrellado, con los cristales despedazados. Le pregunté a una persona que estaba ahí qué había pasado con el chofer y me contestó que estaba muerto”, narró para Revolución TRESPUNTOCERO, Lidia. 

Cuando se dirigió a los militares y les preguntó cómo había muerto, le dijeron que no podían darle ninguna información, “mientras uno de ellos muy amenazante me apuntó con un arma”, mencionó Lidia. 

De inmediato se trasladó al Semefo de Macuspana, para reconocer el cuerpo de Carlos Humberto. La joven de 29 años, recuerda que la Fiscalía estaba rodeada por militares y al entrar vio el cuerpo de su esposo, “en posición de manejo, el cuerpo estaba frío y muy rígido”, detalló. 

Lidia, al salir, cuestionó a los soldados por qué le habían arrebatado a su esposo, y les dijo  que habían dejado a dos niñas, de cuatro y once años, esperando a su padre. “Mi esposo era una persona humilde y tranquila. Toda la comunidad lo conocía y saben que los militares y los medios siguieron haciéndonos daño al decir que él era un sicario, dejando un gran dolor en nuestra familia”.

Dos días después del crimen, medios locales publicaron que durante un “férreo operativo”, se suscitó un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y militares, donde el conductor de uno de los vehículos fue abatido, asegurando que se trataba de uno de los “pistoleros” del grupo.

También se informó que después de un “rastreo criminalístico dentro de la unidad”, los peritos de la Fiscalía encontraron un arma de fuego “con las características propias de la de una BERETTA 9mm” y varios cartuchos útiles.

Sobre dicha acusación, Lidia mencionó que el arma ‘fue sembrada’ en el automóvil de su esposo y ante las declaraciones, solamente de los militares ya que no tomaron en cuenta su testimonio, se publicó en diversos medios locales que se trató de un ‘enfrentamiento’, que derivó en el asesinato de un ‘sicario’.

“Mi esposo era carpintero, nunca tuvo un arma en sus manos. Eso no importó y exhibieron a Carlos de una manera ruin, haciéndole daño a mis hijas y a mí. Los militares en su declaración aseguraron que ellos dispararon porque mi esposo pasó disparándoles. Pedí que le practicaran la prueba de rodizonato de sodio y la prueba de Walker, dando negativo a plomo en ambas manos, en las dos”, aseguró Lidia.

Sin embargo, esos resultados no fueron suficientes y a cuatro meses de los hechos, se continúa sin una investigación clara y sin respuesta alguna de avances en el caso. Para Lidia el desgaste también ha sido económico, principalmente por los traslados de Palenque a Villahermosa, lo cual incluye inversión en pasajes, consumo de alimentos y otros gastos generados que no han valido la pena, ya que continúa sin explicaciones y mucho menos sin que se haya dado paso a una detención o señalamiento a los militares.

“Me dicen que debo tener paciencia, que todo es lento, que no soy la única que tiene un caso así. Siempre son las mismas respuestas”. Por ahora, dos han sido los militares identificados, quienes han declarado la versión del supuesto enfrentamiento, sin embargo no ha habido ninguna detención u otro llamado a declarar. 

“Ellos no tienen ninguna investigación clara. Se sabe que uno de los elementos que estuvo el día de los hechos es Armando García Triana (Capitán segundo) y Humberto Vilchis, ambos solamente acudieron a contar su versión y siguen libres, laborando como militares sin problema alguno”, asegura Lidia. 

A esto se suma el daño emocional que han padecido las dos pequeñas hijas del matrimonio, quienes han escuchado los señalamientos que han hecho contra su padre y tolerar que lo llamen ‘sicario’. “Mi niña de cuatro años ve a los militares y dice que son los culpables. No quiere ni verlos”.

Lidia también ha mencionado que tiene miedo, ya que al dar a conocer su testimonio los militares ejercer algún tipo de represalia en contra de ella y de sus hijas. “Ellos podrían hacernos algo con tal de callar la verdad que estoy dando a conocer, porque a ellos les afectaría que se sepa lo que realmente pasó”, señala.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), que da acompañamiento al caso, señala a Revolución TRESPUNTOCERO que, la Sedena además de criminalizar a Carlos Humberto, ahora vulnera los derechos a la integridad y seguridad personal de su familia.

Carlos Humberto tenía 32 años y pertenecía a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC), conformada por comunidades ch’oles, tseltales y mestizas que se dedican a la defensa de su territorio.

El Frayba documentó que militares al mando del Comandante Armando García Triana, dispararon arbitrariamente en contra de la víctima. Por lo que señalan que son responsables directos de la ejecución extrajudicial, 22 integrantes del 18 Regimiento de Caballería motorizada, perteneciente al destacamento del Ejército mexicano ubicado en el ejido Medellín, municipio de Catazajá, Chiapas, de la 38 Zona Militar,1 con sede en Tenosique Tabasco.

Dentro de las anomalías señaladas, se identificó que la Fiscalía del Estado de Tabasco llegó aproximadamente dos horas después al lugar de los hechos. Tiempo durante el cual los integrantes del Ejército mexicano alteraron la escena e intimidaron a los testigos.

El pasado 30 de julio, 16 militares, en dos vehículos de la Sedena notificaron, en su domicilio, a Lidia que tiene diez días para entregar pruebas a la jurisdicción castrense para que los militares sean sancionados “administrativamente”. 

De acuerdo con lo externado por el Frayba, lo anterior forma parte de actos de hostigamiento, intimidación y vigilancia en contra de la familia de Carlos Humberto, quienes temen por su vida, integridad y seguridad personal.

Además, el centro de Derechos Humanos también ha manifestado su preocupación porque a cuatro meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables.

Por lo cual ya han exhortado a la PGR a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial cuya responsabilidad es del Ejército mexicano, no quede en la impunidad.

“Solicitamos a las autoridades del Estado mexicano, otorgarle un esquema integral de protección a Lidia Jiménez Antonio y a su familia para evitar acciones que pongan en riesgo su vida, seguridad e integridad personal. Pedimos que cesen las acciones públicas de estigmatización y criminalización hacia Carlos Humberto y su familia”, puntualizaron.

A su vez, se explicó que la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto ejemplifica la vulnerabilidad de la población ante la permanencia del Ejército en las calles, con el pretexto de cumplir tareas de “seguridad”. 

“Señalamos que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Además diversos mecanismos de la Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la actuación del Ejército, la protección con la que cuentan y la impunidad con la que actúan”, puntualizaron los activistas que conforman el Frayba.

 

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