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Un logro más de la transición

Modernización vista como sinónimo de desregulación, y no como una estrategia de incorporación tecnológica a uno de los procesos productivos estratégicos

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La industria siderúrgica es un ejemplo emblemático de los procesos de concentración y centralización de capitales, vía fusiones y adquisiciones, que describe la estrategia productiva a la que recurrieron las grandes empresas multinacionales, para hacer frente la quiebra del modelo de organización fordista.

De acuerdo con los registros en la materia, en el año 1987, apenas una tercera parte de las empresas siderúrgicas en el mundo eran privadas, y para 1998 el porcentaje se revierte al 72 por ciento de empresas privadas, versus un 28 por ciento de empresas públicas. Como parte de la estrategia implementada en América Latina para estos fines, las privatizaciones en la región comienzan en Chile en el año 1987. Posteriormente le seguirán Brasil y México en el año 1991; un año después se presenta en Argentina, y en 1997 se extiende a Perú y Venezuela.

En el caso de nuestro país, el antecedente se remonta a los límites impuestos al financiamiento por parte del Estado mexicano, palanca para el crecimiento de cualquier industria, que llevó a las empresas mexicanas del sector, a integrarse al mercado mundial de una forma subordinada. Decisión por demás, cuestionable, al ignorar que el secreto de la acumulación se encuentra en la incesante generación de fuerzas productivas, tanto materiales, como humanas, dirigidas a aumentar la capacidad productiva del trabajo;

máxime si se trata de una industria resulta clave para cualquier economía, al ser la productora de los insumos esenciales para la producción de maquinaria y equipo, la construcción y el transporte.

Bajo una falsa idea de modernización impulsada por los gestores de la política económica mexicana en la década de los noventa -modernización vista como sinónimo de desregulación, y no como una estrategia de incorporación tecnológica a uno de los procesos productivos estratégicos-, se permitió que las grandes empresas multinacionales se hicieran propietarias de una infraestructura en la que el Estado mexicano había invertido durante décadas, miles de millones de dólares. ¿Quién no recuerda los discursos del entonces presidente Carlos Salinas, en los que se sostiene que “privatizar es lo moderno, porque hace que la economía nacional se vuelva más eficiente, dinámica y competitiva”? Con la intención de invisibilizar que no es lo mismo ser una empresa a la que el gobierno otorgaba apoyos que incentivaban su producción, en aras de la estrategia de industrialización nacional, a ser una empresa filial o subsidiaria de una multinacional, que tenga como principal objetivo incrementar los niveles de producción y productividad en favor de privados.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que se reconociera que la inserción de nuestro país a esta lógica de producción trasnacional no se ha traducido en mejoras en los principales indicadores macroeconómicos, y, más bien, su presencia ha generado una serie de desafíos en términos de distribución. Mismos que una vez más, la clase trabajadora organizada ha dejado al descubierto con el estallamiento a huelga lanzado el miércoles de la semana pasada y su pronta exitosa conclusión después de que la empresa ArcelorMittal, la más grande del país y la segunda proveedora de América Latina, aceptara pagarles el 10 por ciento del reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

Importante antecedente en estos tiempos de transición, hacia un Estado no neoliberal, ya que nos invita a reflexionar en torno a la correlación existente entre salarios y productividad, y más concretamente, sobre la validez de una política de aumentos salariales proporcionales a la tasa de incremento de la productividad. 

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